EVO MORALES INTENTA CERRAR EL CASO Y SU DEFENSA AFIRMA QUE “SIN VÍCTIMA NO HAY DELITO”

La defensa del expresidente sostiene que no existiría delito si la presunta víctima niega haber sido afectada, mientras el proceso por presunta trata agravada sigue generando tensión política y judicial en Bolivia.

El caso contra Evo Morales volvió a sacudir el escenario político y judicial boliviano luego de que su defensa jurídica insistiera en que la causa debería ser archivada, bajo el argumento de que la presunta víctima habría negado haber sido afectada por los hechos investigados.

La polémica se centra en el proceso por presunta trata agravada de personas que involucra al expresidente y que, según reportes judiciales, está relacionado con acusaciones sobre una presunta relación con una menor de edad durante su mandato. La Justicia boliviana declaró recientemente en rebeldía a Morales por no comparecer al juicio en Tarija y ordenó su aprehensión.

En medio de ese escenario, el equipo jurídico de Morales presentó como argumento un memorial atribuido a Cindy Sarai Vargas Pozo, identificada en el proceso como presunta víctima. En ese documento, según medios que difundieron el contenido, ella habría afirmado que no fue víctima de trata y que no existió explotación.

La frase que encendió la indignación fue la línea defendida por los abogados: si no existe víctima, no existiría delito. Para sectores críticos, ese argumento resulta alarmante porque intenta reducir un proceso penal complejo a la sola declaración actual de la presunta afectada, dejando de lado el contexto, la edad señalada en la denuncia y las pruebas anunciadas por el Ministerio Público.

La Fiscalía, de acuerdo con reportes internacionales, sostiene que cuenta con más de 170 pruebas dentro del proceso. La defensa de Morales, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha denunciado una persecución política y judicial en su contra.

El caso también tiene un fuerte impacto político, porque Morales continúa siendo una figura central de la vida pública boliviana, especialmente en el Trópico de Cochabamba, donde mantiene respaldo de sectores afines. Su ausencia en el juicio y la orden de captura vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre si la justicia podrá avanzar sin presiones políticas.

Aunque la defensa intenta instalar que el memorial debería cerrar el caso, el proceso judicial no queda automáticamente anulado por una declaración de parte. La valoración de pruebas, testimonios y antecedentes corresponde al tribunal competente, especialmente cuando se trata de presuntos delitos graves y con agravantes.

En Bolivia, el caso ya no se discute solo en tribunales: también se convirtió en una prueba de fuego para la credibilidad institucional. Entre memoriales, órdenes de aprehensión y discursos de persecución, la justicia tiene ahora una papa caliente que nadie puede esconder bajo la alfombra.