Las masacres de Senkata y Sacaba vuelven al centro del debate: una herida abierta que Bolivia aún no logra cerrar

Las investigaciones internacionales concluyeron que las fuerzas del Estado iniciaron los ataques, utilizando municiones de guerra, persiguiendo manifestantes que huían e incluso impidiendo el auxilio a los heridos. Nada fue improvisado; los patrones de violencia revelan una represión planificada.

A cuatro años de los hechos y en medio de nuevas revelaciones difundidas por organismos internacionales, las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, regresan al centro de la discusión pública boliviana. Lo hacen no solo con el peso de las vidas perdidas, sino con el reclamo persistente de cientos de familias que siguen esperando verdad y justicia en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país.

Las imágenes de noviembre de 2019 son imposibles de olvidar: cuerpos en las calles, heridos sin asistencia, población aterrada y una represión que desbordó todos los límites imaginables. Según los informes ya corroborados por la CIDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lo ocurrido en Sacaba y Senkata no fue un “enfrentamiento”, como intentó instalar el discurso oficial, sino una acción represiva estatal que derivó en ejecuciones extrajudiciales y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Los hechos que la historia no puede borrar

El 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, Cochabamba, miles de manifestantes marchaban contra lo que consideraban un golpe de Estado tras la renuncia de Evo Morales. Horas después, las fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas abrieron fuego. Cuatro días más tarde, en Senkata, El Alto, la historia se repetía: más muertos, más heridos, más familias destruidas.
Las dos jornadas dejaron al menos 36 víctimas fatales, decenas de heridos de bala, detenciones arbitrarias y denuncias de torturas.

Las investigaciones internacionales concluyeron que las fuerzas del Estado iniciaron los ataques, utilizando municiones de guerra, persiguiendo manifestantes que huían e incluso impidiendo el auxilio a los heridos. Nada fue improvisado; los patrones de violencia revelan una represión planificada.

Por qué el debate resurge en 2025

La emisión de nuevos análisis, reconstrucciones y testimonios sobre lo ocurrido —incluida la reciente revisión difundida por CNN Latinoamérica— vuelve a encender las alarmas sobre el avance real de las causas judiciales. Pese a la contundencia de los informes internacionales, muchos de los responsables políticos y militares aún no han enfrentado condenas firmes, y la causa judicial avanza lentamente entre obstáculos, dilaciones y presiones.

Organizaciones de derechos humanos en Bolivia remarcan que existe un riesgo palpable de impunidad. Algunos testigos denunciaron intimidaciones, y las familias de las víctimas señalan que no están recibiendo ni reparaciones integrales ni contención del Estado.

El mensaje es claro: Bolivia no puede construir una democracia sólida mientras sus peores crímenes de Estado sigan sin castigo.

El peso humano detrás de las cifras

Las cifras son frías, pero la tragedia es profundamente humana.
Cada persona asesinada dejó hijos sin padres, madres sin hijos, familias sin un sostén y comunidades marcadas para siempre. En Senkata y Sacaba murieron trabajadores, estudiantes, jóvenes y adultos mayores que ejercían un derecho básico: el de protestar.

Los informes recogen testimonios que estremecen: personas baleadas mientras huían, cuerpos retenidos en calles bloqueadas por fuerzas de seguridad, ambulancias a las que no se les permitía avanzar. Es el tipo de escenas que cualquier país democrático debería evitar a toda costa, y que, una vez ocurridas, deberían investigarse con el máximo rigor institucional.

Lo que está en juego ahora

Con las nuevas revelaciones, aumenta la presión para que la justicia boliviana:

• avance en las causas contra los responsables materiales y políticos,
• proteja a testigos y familiares,
• ofrezca reparación integral a las víctimas,
• y garantice mecanismos de no repetición.

Las conclusiones difundidas también reavivan el rol de los organismos internacionales, que deberán mantener el monitoreo del caso para asegurar que el proceso no quede paralizado por disputas políticas, negociaciones partidarias o agendas gubernamentales.

Una deuda moral, histórica y democrática

Senkata y Sacaba representan más que dos masacres: son el recordatorio de lo que ocurre cuando un Estado decide responder con violencia a la protesta social. Son la evidencia de cómo la democracia puede ser quebrada en cuestión de días, cuando las instituciones dejan de velar por los ciudadanos y pasan a dispararles.

Cuatro años después, Bolivia sigue en deuda con sus víctimas.
Y mientras esa deuda no se salde, seguirá siendo imposible cerrar la herida, reconstruir la confianza y garantizar que lo ocurrido en 2019 no vuelva a repetirse nunca más.