GOBIERNO DENUNCIA MAFIAS DEL COMBUSTIBLE Y ADVIERTE QUE NO HABRÁ TREGUA

El presidente asegura que existe una estructura criminal organizada y anuncia acciones para frenar el daño al sistema energético.

El Gobierno boliviano encendió las alertas tras denunciar la existencia de una estructura criminal vinculada al robo y sabotaje de combustible en el país, en un escenario que comienza a escalar dentro de la agenda nacional.

El presidente Rodrigo Paz fue contundente al referirse al tema y aseguró que estas redes no operan de manera aislada, sino que responden a una organización compleja con alcance tanto nacional como internacional. Según el mandatario, el Estado no permitirá que estas acciones continúen afectando el suministro energético.

Durante su pronunciamiento, Paz enfatizó que se trata de mafias estructuradas con conexiones fuera del país, lo que eleva el nivel de gravedad del caso. En ese contexto, advirtió que el Gobierno actuará sin tregua para identificar y sancionar a todos los involucrados.

La denuncia abre un nuevo frente en la gestión gubernamental, ya que no solo implica un problema operativo en la distribución de combustible, sino también un posible impacto económico y social. El sabotaje al sistema energético puede afectar directamente a sectores productivos y al abastecimiento interno.

El mandatario fue más allá al calificar estas acciones como una “traición a la patria”, apuntando a quienes, según su criterio, priorizan intereses económicos por encima de la estabilidad del país. Esta declaración marca un tono político más firme frente a la problemática.

Desde el Ejecutivo se anticipó la implementación de medidas orientadas a frenar estas actividades ilegales, recuperar el control del sistema y reforzar la protección de YPFB, considerada una empresa estratégica para Bolivia.

El caso también pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la cadena de distribución de combustibles, especialmente ante la posible existencia de redes con capacidad de operar dentro y fuera del territorio nacional.

En este contexto, el mensaje del Gobierno se posiciona como una señal de endurecimiento frente a estas estructuras, dejando claro que el tema ha pasado de ser una denuncia a convertirse en una prioridad de acción estatal.