EVO MORALES QUEDA BAJO SOSPECHA TRAS DENUNCIA DE MULTAS DE BS 100 PARA OBLIGAR ASISTENCIA A MOVILIZACIONES

Un testimonio difundido en medio de las protestas señala que algunas personas habrían sido obligadas a asistir bajo amenaza de sanciones económicas.

Una nueva denuncia volvió a encender el debate sobre la forma en que algunos sectores sindicales estarían movilizando a sus bases en Bolivia. En un testimonio difundido públicamente, una persona afirma que habría sido obligada a asistir a una movilización y que, en caso de incumplimiento, se aplicarían multas económicas.

El fragmento recoge una conversación en la que se consulta si fueron los dirigentes quienes dieron la orden de asistencia. La respuesta apunta directamente a los responsables de los puestos sindicales y describe una dinámica de presión: “A nosotros nos dicen: tienen que estar hasta tal hora”, señala la persona entrevistada.

Uno de los puntos más llamativos del testimonio es la mención a una multa de 100 bolivianos. Ante la pregunta de si ese era el monto exigido, la persona responde que sí y afirma: “100 bolivianos, así nos sacan”. La declaración instala una nueva sospecha sobre posibles mecanismos de coerción dentro de algunas estructuras movilizadas.

El hecho surge en un contexto de alta tensión nacional. Bolivia atraviesa jornadas de bloqueos, marchas y protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz, con participación de sindicatos, sectores rurales, mineros, transportistas y grupos afines al expresidente Evo Morales, según reportes recientes de medios internacionales. Reuters informó que las protestas han generado cierres temporales de bancos en La Paz, bloqueos de carreteras y afectación al abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos.

La Administración Boliviana de Carreteras reportó más de 20 puntos de bloqueo en el país el 18 de mayo, principalmente en el departamento de La Paz, mientras sectores como la Federación Túpac Katari, dirigentes de la COB y Ponchos Rojos se sumaron a las medidas de presión, según Infobae. Ese mismo reporte señaló que una marcha de seguidores de Evo Morales se dirigía hacia la sede de Gobierno.

Hasta el momento, el testimonio sobre las multas no prueba por sí solo que Evo Morales financie directamente a sindicalistas o movilizaciones. Lo verificable con el material disponible es que existe una denuncia pública sobre supuesta obligación de asistencia y cobro de multas de 100 bolivianos. La acusación de financiamiento debe manejarse como señalamiento político o denuncia pendiente de comprobación, no como hecho confirmado.

El Gobierno y voceros oficiales han responsabilizado a sectores vinculados al expresidente Morales de incentivar los bloqueos y la desestabilización, mientras Morales ha defendido las movilizaciones como una respuesta popular contra las políticas del actual Gobierno. The Guardian reportó que el portavoz presidencial José Luis Gálvez acusó a Morales de alimentar la agitación para evadir un proceso judicial, algo que el exmandatario niega.

La denuncia de multas agrega un nuevo elemento al conflicto: ya no solo se discute quién convoca las protestas, sino también bajo qué condiciones estarían asistiendo algunas personas. En medio de bloqueos, escasez y acusaciones políticas, el país vuelve a mirar hacia las estructuras sindicales que dicen representar al pueblo, pero que ahora también son señaladas por presionar a sus propias bases.