EXGERENTE DE EPCORO ES APREHENDIDO EN ORURO POR PRESUNTO DESFALCO MILLONARIO AL ESTADO

La Fiscalía investiga a la exautoridad por varios delitos económicos que habrían provocado un grave daño a una empresa estatal clave del sector minero.

Edwin Vladimir Condori, exgerente de la Empresa Estatal de Producción y Comercialización de Oro (EPCORO), fue aprehendido en la ciudad de Oruro en el marco de una investigación por el presunto desfalco de más de Bs 123 millones de recursos del Estado, según informaron fuentes del Ministerio Público.

La exautoridad es investigada por los presuntos delitos de conducta antieconómica, concusión, incumplimiento de deberes y malversación, hechos que habrían generado un grave daño económico a una empresa estatal considerada estratégica para el sector minero y la administración de los recursos auríferos del país.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los hechos observados estarían vinculados a una presunta mala administración de fondos públicos durante su gestión, así como a decisiones que no habrían cumplido con los principios de legalidad, eficiencia y transparencia exigidos a las entidades estatales.

La aprehensión se realizó con el objetivo de garantizar la presencia del investigado en las diligencias judiciales y permitir el avance de los actos investigativos, mientras se analizan documentos financieros, contratos y movimientos económicos relacionados con la gestión de EPCORO.

Desde la Fiscalía se indicó que el proceso continúa en fase investigativa y que no se descarta la ampliación de la investigación a otras personas que pudieron haber tenido participación o responsabilidad en los hechos denunciados, en función de los resultados que arrojen las pericias técnicas y auditorías.

El caso vuelve a colocar en el centro del debate público el manejo de los recursos del Estado y los mecanismos de control en empresas estatales, en un contexto marcado por reiteradas denuncias de irregularidades en distintas entidades públicas del país.

La aprehensión del exgerente de EPCORO se suma a otros procesos abiertos por presuntos hechos de corrupción y refuerza la exigencia ciudadana de sanciones efectivas, mayor fiscalización y transparencia en la administración de los recursos que pertenecen a todos los bolivianos.