ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA KARINA SERRUDO REACTIVA CASO DEL ESCÁNER

La exautoridad no se presentó a declarar pese a haber sido notificada, mientras el proceso avanza con exfuncionarios ya bajo medidas cautelares.

El Ministerio Público emitió una nueva orden de aprehensión contra la expresidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, en el marco de la investigación por la presunta compra irregular de un escáner en la frontera de Tambo Quemado. La decisión se tomó luego de que la exautoridad no se presentara a declarar pese a haber sido legalmente notificada.

La medida tiene como objetivo garantizar su comparecencia dentro de un proceso que busca esclarecer posibles irregularidades en la adquisición del equipo, el cual ha sido cuestionado por un supuesto sobreprecio. Este caso se ha convertido en uno de los focos de atención dentro de las investigaciones sobre manejo de recursos en entidades estatales.

Según la información disponible, la Fiscalía continúa avanzando en la recolección de elementos que permitan establecer responsabilidades. La ausencia de Serrudo en su citación generó un nuevo impulso en las acciones judiciales, reforzando la línea investigativa que se viene desarrollando.

En paralelo, seis exfuncionarios vinculados al proceso ya fueron sometidos a medidas cautelares. De ellos, cuatro recibieron detención preventiva en los penales de San Pedro y Obrajes, mientras que otros dos deberán cumplir detención domiciliaria, lo que refleja el nivel de avance del caso en instancias judiciales.

El proceso gira en torno a la adquisición de un escáner en la zona fronteriza de Tambo Quemado, una operación que fue observada por presuntas inconsistencias en el costo del equipo. Este punto ha sido clave para la investigación, al abrir dudas sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos.

Las autoridades no descartan que el caso pueda ampliarse conforme se desarrollen nuevas diligencias. La posibilidad de más convocatorias o incluso nuevas órdenes de aprehensión se mantiene abierta, en un contexto donde la Fiscalía busca consolidar un caso sólido.

El desarrollo de esta investigación marca un nuevo capítulo en el seguimiento a exautoridades y decisiones administrativas bajo la lupa judicial, en un escenario donde cada paso del proceso suma presión y atención pública.